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La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado medidas para elevar las pensiones más bajas, así como el desarrollo de un Plan Estratégico que afronte los retos y oportunidades de la nueva longevidad y garantice el bienestar de las personas mayores.
Lo ha hecho en el marco del diálogo que ha organizado junto a la agencia de noticias Servimedia bajo el título ‘La situación económica de las personas mayores y el reto intergeneracional’.
En el debate, retransmitido en directo desde el estudio de Servimedia y moderado por el director general de la agencia, José Manuel Huesa, han participado el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández; el referente del Programa Personas Mayores, con Discapacidad y Cuidadoras de Cruz Roja Española, Joaquín Pérez; el economista y vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis, Antonio González; y la vicepresidenta primera del Consejo General del Trabajo Social, Lucía González.
Huesa ha introducido el debate destacando que los cambios demográficos y el envejecimiento poblacional están transformando la sociedad y generando importantes desafíos económicos para las personas mayores, a lo que el presidente de la PMP ha respondido que “la seguridad económica y la capacidad de subvenir todas sus necesidades son el gran tema que afecta y preocupa a las personas mayores y pensionistas”.
Igualmente, Jesús Norberto Fernández ha subrayado que la población mayor es muy heterogénea y presenta una marcada dualidad económica. Por un lado, una parte significativa de las personas mayores conforma la denominada economía sénior, con un notable impacto en el consumo y en la riqueza del país, ya que representa en torno al 40 % del consumo total.
Sin embargo, la otra cara de esta realidad es la vulnerabilidad económica en la que se encuentra aproximadamente el 50 % de los pensionistas. Se trata de aquellos que perciben pensiones inferiores a 841 euros mensuales, cifra que marca el umbral de riesgo de pobreza. Dentro de este grupo, un 35 % de los pensionistas se sitúa por debajo de dicho umbral. Además, ha advertido que el 14 % del total de pensionistas vive en situación de pobreza severa, con ingresos mensuales inferiores a 600 euros, realidades en las que la brecha de género está claramente presente. En este sentido, la pensión media mensual de jubilación de las mujeres se sitúa en torno a los 1.100 euros, frente a los 1.700 euros de los hombres. A estas desigualdades se suman otras brechas vinculadas al territorio, al nivel educativo y a las trayectorias laborales, configurando una matriz de desigualdad compleja.
En este sentido, Fernández ha manifestado que la prioridad de la PMP es muy clara: “deben subirse las pensiones mínimas”. Además, ha recordado que existe una planificación, con plazo de implementación hasta el año 2027, destinada a sacar al mayor número personas posible del umbral de la pobreza mediante revalorizaciones de las pensiones de viudedad y no contributivas. Ha añadido que estas últimas se revalorizarán en torno a un 11% el próximo año y el objetivo planteado por la PMP es que las pensiones no contributivas alcancen el 75% de las pensiones mínimas del sistema de Seguridad Social.
Por otro lado, Fernández también ha subrayado que, junto a la mejora de los ingresos, resulta clave reducir los gastos básicos mediante bonificaciones energéticas y alimentarias, así como garantizar el acceso a servicios públicos esenciales, gratuitos y de calidad.
El reto intergeneracional ha sido otro de los focos del coloquio, que ha sido abordado por el presidente de la PMP asegurando que el debate sobre el enfrentamiento entre jóvenes y mayores es "ficticio" e "interesado". Fernández ha atribuido este tipo de discursos a intereses económicos de determinados inversores, fondos privados o corrientes ultraliberales que no están conformes con los sistemas públicos de protección social.
La clave, según Fernández, está en la información veraz y en “no plantear una suma cero”, en la que una parte de la población deba sacrificarse para que otros alcancen el bienestar, sino que, además de mejorar el sistema público de pensiones, se apueste por un empleo de calidad y bien retribuido. Desde el punto de vista de la PMP, para asegurar la sostenibilidad, la equidad debe ser la base. El reto intergeneracional es un reto de solidaridad.
Antonio González ha apoyado esta visión, señalando que los intereses de pensionistas y jóvenes no están en confrontación. Si los jóvenes ven deterioradas sus condiciones laborales y salariales, también los pensionistas se van a ver afectados por ese deterioro, ya que el sistema se paga con las cotizaciones de los trabajadores activos. Además, ha recordado que el sistema de pensiones garantiza el poder adquisitivo, pero no permite participar directamente de los incrementos reales de renta derivados del crecimiento económico.
Joaquín Pérez también ha puesto el foco en la vulnerabilidad extrema, indicando que la pensión media de las personas mayores atendidas por Cruz Roja Española es de 575 euros mensuales. Asimismo, ha enfatizado que factores como la soledad no deseada y la falta de apoyos tienen un impacto directo en el bienestar y la salud de las personas mayores, además del sacrificio que supone la transferencia de renta a las familias.
Por su parte, Lucía González ha destacado la falacia de asociar la vejez con la dependencia. Desde el Trabajo Social se observa que las barreras económicas más frecuentes están ligadas a los cuidados de larga duración. Ha lamentado el bajo desarrollo del servicio de promoción de la autonomía personal y ha alertado sobre la brecha de género en los cuidados, donde la mayoría de personas atendidas y cuidadoras son mujeres.
Entre las principales conclusiones del debate, se ha subrayado que la inflación, el encarecimiento de la vivienda y el aumento del coste de los cuidados presionan especialmente a los hogares con ingresos fijos. Los ponentes han coincidido en la necesidad de un enfoque holístico, con políticas coordinadas que actúen de forma conjunta.
En este contexto, el presidente de la PMP ha insistido en impulsar una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores y en el desarrollo de un Plan Estratégico coordinado que dé respuesta a los retos de la nueva longevidad. La sesión ha concluido con un llamamiento a los responsables políticos para abordar el bienestar económico de las personas mayores desde una lógica de derechos y justicia social, garantizando una vejez digna para las generaciones presentes y futuras.
