17 de marzo, 2021
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Dos de cada tres muertes de mayores en residencias ocurrieron en la fatídica primavera de 2020. Muchos de ellos no mueren de coronavirus, sino de soledad, por la pena de un aislamiento innecesario en la mayoría de los casos.

Nunca hasta la fecha los centros en los que viven las personas mayores habían gozado de tanto protagonismo mediático. Una circunstancia que venía acompañada, por desgracia, de unas altísimas cifras de mortalidad, vinculadas a la aparición del coronavirus SARS-CoV-2. Su irrupción en la sociedad española trajo consigo una sensación de miedo, soledad, angustia y desamparo que paralizó en seco tanto la economía como la vida de las personas. Pero si hay un grupo de población especialmente afectado en este último año es, sin duda, el de los mayores y dependientes. Por eso, desde el Grupo Social Lares, que ha estado al lado de todos ellos en los momentos más duros de la pandemia, ha elaborado un informe que recoge todos los aspectos que se han tratado en los últimos 365 días. Bajo el título “Un Año COVID” se desarrollan diferentes temáticas, desde la situación de los centros antes de la crisis sanitaria hasta el recuento de víctimas y su disparidad entre cifras oficiales y oficiosas sin olvidar una batería de recomendaciones para evitar situaciones límite, vividas tanto por residentes como por sanitarios.

La irrupción de una peligrosa amenaza

España es uno de los países desarrollados más afectados por la pandemia de COVID-19 y uno de los que muestra peores resultados en relación al número de fallecidos en residencias de personas mayores, con 29.379 fallecidos desde que se iniciase la pandemia, según datos del IMSERSO. Entre marzo y agosto de 2020, al menos la mitad de las personas fallecidas en España con COVID-19 o sintomatología compatible, lo han hecho en estos centros, que en 2019 eran la vivienda habitual de más de trescientas mil personas.

Las personas que viven en centros sociosanitarios son particularmente vulnerables a las infecciones graves por SARS-CoV-2. La edad avanzada y las comorbilidades que presentan los residentes son los verdaderos factores de riesgo de gravedad y no, como se ha tratado de insistir desde la Administración, por ser meros centros cerrados. Además, su mayor índice de mortalidad está directamente relacionado con la falta de material necesario, como los equipos de protección y prevención. Y controlar así la expansión del virus dentro del centro y proteger a los profesionales, para que no cayesen contagiados y pudieran seguir con el cuidado de los mayores.

Acción/reacción: la batalla por la vida

A pesar de que el sector de las residencias ha realizado un importante esfuerzo para encaminarse hacia cuidados más centrados en la persona, hay todavía muchos aspectos que mejorar, algunos básicos relacionados con la calidad de vida, la seguridad y la ética, así como el uso de medidas físicas de contención personal que, en España, se siguen empleando. Para mejorar estos aspectos son imprescindibles cambios e inversiones a nivel de personal y de tecnología, que faciliten las intervenciones y cuidados centrados en la persona (planes individualizados, vigilancia de la persona con riesgo de caídas, etc.). En nuestro país, es imperativo superar el “curar” y avanzar hacia el “cuidar”.

Nuestras mayores víctimas

En lo peor de la primera oleada, entre marzo y junio de 2020, murieron casi 10.000 personas (9.934), más que en los ocho meses siguientes (9.586). Si se le añaden los 9.859 fallecimientos de residentes que murieron en esos tres meses con síntomas compatibles con la Covid pero sin una prueba diagnóstica, la conclusión es que dos de cada tres muertes de mayores en residencias de ancianos ocurrieron en la fatídica primavera de la primera ola.

De acuerdo con estos datos, el 22,9 % de los residentes a los que se diagnosticó la COVID-19 entre marzo y diciembre fallecieron, mientras que la letalidad desciende al 18,7% en el acumulado de este año. En las residencias de mayores se habrían producido 85.839 contagios confirmados en toda la pandemia, de los cuales ocho de cada diez (69.566) se registraron a lo largo del año 2020.

El Grupo Social Lares está comprometido en salvar vidas. Nuestra vocación de servicio tiene ese objetivo. Queremos que nuestros mayores vivan y, también, que quieran seguir viviendo. Muchos de ellos no mueren de coronavirus, sino de soledad, por la sobre pena de un aislamiento innecesario en la mayoría de los casos. Es imposible hacer entender a una persona con deterioro cognitivo, un aislamiento de más de 40 días. Y es contraproducente para su calidad vital mantener “su vida entre las cuatro paredes de una habitación”. Máxime cuando no es positivo o no hay positivos en ese centro. Por eso, en su momento, ya exigimos que se habilitase el uso de jardines y zonas comunes para la socialización. Siempre con las máximas condiciones sanitarias y prevención de seguridad. No se puede coartar por más tiempo la libertad de nuestros mayores, en sus hogares, que son las residencias donde viven.

El reto de la vacunación

Aunque la proporción de personas vacunadas en España es todavía pequeña, apenas un 3,7% del total de la población general, de las 351.936 personas institucionalizadas en residencias de mayores y otras se ha vacunado el 94% con la primera dosis y el 82% con la pauta completa, y ya se comienza a observar una menor proporción de personas hospitalizadas procedentes de residencias de mayores. En los países que han tenido mayor disponibilidad de vacunas se está observando un impacto positivo de la vacunación sobre la infección y las hospitalizaciones.

La decisión de vacunar a las personas más vulnerables que no están institucionalizadas con vacunas aptas para su edad, comenzando por las de 80 años y mayores, se sostiene en los principios de necesidad y equidad descritos con detalle en la Estrategia del SNS. En este momento, en el que todavía disponemos de un número muy insuficiente de vacunas y de dos tipos de vacunas que administrar a distintos grupos de población por las especificidades de una de esas vacunas, es imprescindible tomar en consideración el principio de solidaridad. En base al mismo, procede vacunar a los grupos de más edad con las vacunas que en los ensayos clínicos han probado y acreditado su eficacia en esos grupos que, por lo demás, son los que pueden ver más afectada su salud por la COVID-19.

Retos para el futuro

Como hemos visto, un acercamiento a la gestión de la COVID-19 en las residencias ha puesto de manifiesto que, en sucesivas olas de esta crisis o en próximas epidemias, resultará necesario adoptar medidas generales y específicas para preparar mejor a estos centros. Pero en este proceso de análisis también se ha vuelto a evidenciar un asunto que emerge recurrentemente en el debate entre los expertos. Se trata de la necesidad acuciante de evaluar cómo ha funcionado el sistema de atención a las personas en situación de dependencia después de 14 años de su puesta en marcha, y tras atravesar la grave crisis económica que comenzó en 2007 y afectó seriamente a su adecuada financiación y a su implementación, a partir de las modificaciones introducidas en el RDL 20/2012.

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