15 de septiembre, 2020
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Los profesionales de residencias de personas mayores, en situación de dependencia o en riesgo de exclusión son ciudadanos de pleno derecho. Con lo cual, debe ser el Sistema Público de Salud el que se encargue de realizar cualquier prueba necesaria para la detección precoz del virus, sobre todo, en personas asintomáticas.





• Ser cuidador o cuidadora no puede significar una merma de derechos. Nuestra actividad es esencial, y así se dijo durante el estado de alarma. Si nuestras entidades pagan sus cotizaciones y contribuyen al sostenimiento del sistema, no es admisible aplicar una sobretasa, ni el pago de una prueba a la que cualquier ciudadano tiene acceso de forma gratuita, se dedique a lo que se dedique.

• Es urgente, un criterio uniforme, que evite 17 modelos, algunos contradictorios y, desde luego, hay que frenar cualquier decisión que suponga un quebranto del Derecho a la Sanidad Pública, Gratuita y Universal.

LARES - Departamento de Estudios e Investigaciones
Detección del COVID-19 a profesionales en Residencias de Mayores: El Sistema Público de Salud en análisis, 6 meses después del comienzo de la pandemia

Las CC.AA. obligan a hacer la PCR a la vuelta de vacaciones, de un permiso o al contratar un nuevo trabajador, pero se “quitan del medio”, derivando a las Entidades la responsabilidad de hacerla y pagarla, instándose, en ocasiones, la intervención de un tema de salud comunitaria a los servicios de prevención de riesgos laborales.

Entretanto, el mismo Sistema Público de Salud hace PCR de forma preferente y gratuita a temporeros, docentes y otros grupos de población. El Estado da preferencia al personal de instituciones penitenciarias.

Las entidades gestoras de los servicios de prevención de riesgos laborales están cometiendo grandes abusos en sus tarifas para realizar las pruebas. Una PCR comercializada por empresas a 100 €, e incluso algo menos, estos servicios las cobran a una media de 140 euros.

Sistemas de Sanidad Pública de las Comunidades Autónomas que asumen y no asumen su responsabilidad en el retorno de trabajadores tras permisos y vacaciones:

  • a) Hace PCR el Sistema Público de Salud. Es el caso de Andalucía, Galicia, Cataluña, Castilla y León y Navarra. Castilla La Mancha y La Rioja han sido las últimas en sumarse (9 y 10 de septiembre). Andalucía solo garantiza esta acción hasta finales de año. Se espera que sus Autoridades Sanitarias eliminen dicha incertidumbre.
  • b) Hace PCR el Sistema Público, sólo en teoría, pues en la práctica el retraso a la hora de dar los resultados las deja sin efecto y tienen que hacérselas los propios centros. El mejor ejemplo es Comunidad Valenciana, donde no se dan con regularidad resultados desde el día 26 de agosto. La situación en Castilla y León empieza a retrasarse en algunas zonas.
  • c) Hace PCR el Sistema Público, pero se reserva el derecho de cobrarlas a los centros. Es el caso de Asturias. Por otras decisiones adoptadas en esa Comunidad Autónoma se confía en que no lleguen a facturarse servicios de PCR a las entidades.
  • d) En la práctica depende de lo que decida cada Centro de Salud: La situación de Madrid es compleja. Se requiere una toma de postura decidida del Sistema Público de Salud asumiendo la realización de las PCR.
  • e) La decisión depende de cada Área Sanitaria o Diputación. Extremadura, fue la primera Comunidad Autónoma en adoptar esta decisión en la segunda mitad del mes de agosto. Lamentablemente, hay dificultades e impedimentos para hacer las PCR a los profesionales de Centros Residenciales que vuelven de vacaciones en las Áreas de Plasencia y Villafranca. En el País Vasco depende de cada Diputación. La situación entre ellas es dispar, no existiendo criterios unívocos.
  • f) Lo hacían, pero, sorprendentemente, han dejado de hacerlo hasta nueva orden: Cantabria, es un ejemplo. Fue de las primeras Comunidades en asumir hacer el PCR a los profesionales de Residencias para atender a personas mayores o en situación de discapacidad tras su regreso de vacaciones o permisos. Sin embargo, por razones no comunicadas formalmente han suspendido la realización de las pruebas a estos trabajadores desde el 9 de septiembre.
  • g) El Sistema Público de Salud no está haciendo las PCR a los profesionales a su regreso de vacaciones y permisos. Desgraciadamente, esto está pasando a 15 de septiembre de 2020 en Aragón, Islas Baleares, Islas Canarias, Ciudad Autónoma de Ceuta y Región de Murcia.

En el caso de Baleares y Aragón se mantienen esperanzas, aunque las decisiones llegarán tarde. Preocupa la situación de la Región de Murcia, en donde el enfrentamiento entre Sanidad y Asuntos Sociales, dirigidas por dos partidos políticos diferentes que no llegan a acuerdos, es el origen de la no adopción de diferentes decisiones.

La situación de Canarias no refleja una acción totalmente decidida diferente a la de hacer algún estudio serológico general en todos los Centros Residenciales tras el fin del verano. Para el sector sin ánimo de lucro, representado por Lares, que el Sistema Público de Salud no asuma esta obligación, que es suya, puede suponer unos 2 millones de euros.

Hacer PCR a todos los profesionales cada 15 días en los Centros Residenciales del Sector Solidario, representado por Lares, supondría entorno a unos 4 millones de euros/mes. Afortunadamente, muchas CC.AA. van entrando en la sensatez, si bien ha habido que esperar hasta el mes de septiembre para tener protocolos claros y asunción de responsabilidad por el sistema público de salud (quizá, en alguna ocasión, ya ha sido demasiado tarde).

En cuanto al plazo temporal de las ausencias de los profesionales para obligárseles a hacerse una PCR se detectan al menos cinco criterios diferentes entre las CC.AA.:

  • a) En ausencias de todos los profesionales durante 7 días. A título de ejemplo, Asturias, Extremadura y Galicia.
  • b) En ausencias de profesionales durante 7 días, incorporando excepciones. A título de ejemplo, Castilla La Mancha, quien exime de la PCR a quienes se les hayan detectados anticuerpos mediante una prueba en los 6 meses anteriores y a los asintomáticos que tuvieran una prueba positiva que se negativizó.
  • c) En ausencias de 10 días o más. A título de ejemplo, Andalucía.
  • d) En ausencias de, al menos, 14 días. Por ejemplo, Región de Murcia que, como se ha dicho, se niega a hacer PCR desde el Sistema Público de Salud.
  • e) En ausencias de más de 14 días, o lo que es lo mismo, 15 días o más. Cantabria, Madrid y Navarra, son tres ejemplos. Desgraciadamente, en Madrid no hay instrucciones claras del Sistema Público de Salud, actuando cada Centro de Salud de forma diferente.

Si esta es la variopinta situación respecto a las PCR a la vuelta de vacaciones y permisos, puede presumirse, sin miedo a equivocarse que, al día de la fecha, sigue sin haber una adecuada política en toda España respecto a:

  • A) Realización de PCR a cualquier nuevo trabajador por parte del Sistema Público de Salud.
  • B) El cumplimiento de las recomendaciones de hacer PCR cada quince días a usuarios y profesionales, formuladas por organizaciones como Lares y la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Nuestra Sanidad Pública mira a otro lado.

En otro orden debemos destacar el proceder del Sistema Sanitario Público de algunas Administraciones respecto a otra medidas que han adoptado:

  • Andalucía: hace PCR masivos a todos los profesionales y usuarios cuando se detecta un positivo.
  • Asturias: se hacen pruebas cada 28 días en todos los Centros Residenciales
  • Navarra: PCR a todos cada 2-3 meses, sólo a usuarios, aunque dicen que lo harán, también, a trabajadores.
  • Cataluña: cada 30 días está haciendo PCR a profesionales y residentes. Tienen el objetivo de hacerla cada 15 días. Asimismo, formarán a las enfermeras que trabajan en residencias para que puedan tomar las muestras de las PCR con el material y equipos de protección que el Sistema Público de Salud aportará.
  • Madrid: Estudio Serológico en todas las residencias.

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