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La federación reclama al ejecutivo que revise los sistemas de pago vigentes y advierten de que los problemas que se están produciendo podrían repercutir directamente en los pacientes.
El sector ortoprotésico castellano manchego vive momentos complicados. La asociación autonómica de ortesistas y protesistas y la Federación a nivel nacional, han enviado una carta a Emiliano García-Page, tras varios intentos de diálogo con el máximo responsable en materia sanitaria de la región, los cuales han resultado estériles.
El objetivo es poner en conocimiento del presidente de la comunidad la situación actual del sector ortoprotésico, después de la entrada en vigor de la nueva normativa y las acciones acometidas recientemente.
Las decisiones que están causando graves problemas a los ortoprotésicos son responsabilidad de la Consejería de Sanidad que dirige Jesús Fernández Sanz. En la actualidad, existe un completo caos de la prestación ortoprotésica en Castilla-La Mancha y se debe, principalmente, a las carencias de la aplicación del “pago directo” – en teoría es un sistema de pago extraordinario, por el que los establecimientos dispensan productos al paciente y posteriormente se facturan al servicio de salud-. La cuestión es que, en la práctica, lo establecido aquí es un endoso encubierto en el que se factura al paciente y el SESCAM debe abonar esa factura. Es decir, la administración paga a la ortopedia en nombre del paciente, pero no existen garantías de cobrar en un tiempo prudencial.
Las condiciones iniciales que se plantearon para adherirse a ese teórico pago directo (en abril de 2019) no podían ser asumidas por las ortopedias y por ello una gran cantidad de ortopedias no lo aceptaron y se mantuvieron en el sistema ordinario de “reintegro de gastos” -un sistema de pago en el que el paciente adelanta el importe de su prestación y después se lo reintegra la Seguridad Social, vigente hasta la fecha-.
Como el sistema del pago directo es voluntario en Castilla-La Mancha, algunas ortopedias optaron por él y otras muchas –la mayoría- lo rechazaron y continuaron intentando negociar con el SESCAM las cuestiones que consideraban abusivas e improcedentes.
La situación en la que ha derivado todo esto es que actualmente hay 23 establecimientos en toda la comunidad suscritos al pago directo, de ellos 13 son ortopedias con autorización de venta con adaptación y tan solo 3 de ellas disponen de licencia de fabricación a medida. El resto son centros auditivos y lo que parecen ser farmacias con oficinas de ortopedia, tal y como se puede comprobar en el registro oficial.
Por tanto, los pacientes ortoprotésicos en Castilla-La Mancha están limitados, sin una cobertura total y completa, ni un servicio tal y como les debería corresponder.
Además, diversas ortopedias de la región han constatado que están sufriendo un bloqueo por parte de la administración a la que señalan por estar denegando endosos –sistema de pago para personas sin recursos por el que la ortopedia factura al paciente, pero es el SESCAM quien paga directamente a la ortopedia- con decisiones unilaterales que afectan a los pacientes. La razón aparentemente es entorpecer ese sistema porque la ortopedia siempre ha adelantado los productos a estos pacientes para que no tuvieran que esperar a la respuesta del servicio de salud ¿cómo? con la firma de un documento que transfería el pago del paciente a la ortopedia. Todo ello a fin de facilitar la situación a los pacientes más vulnerables.
Un poco de contexto
En abril de 2019, antes de la entrada en vigor de la nueva normativa ortoprotésica, las ortopedias castellano manchegas rechazaron adherirse al sistema de pago directo.
En primer lugar, porque se mantenían los importes máximos de financiación en la parte protésica con la referencia de precios de 1995, algo inviable para los profesionales.
Por otro lado, se instauraba la necesidad del visto bueno generalizado de los médicos de forma que el paciente debía volver a consulta para que el prescriptor verificase que el tratamiento había sido el correcto, en lugar de hacerse de forma puntual. Una decisión que solo conseguía ralentizar más todo el proceso perjudicando a las ortopedias y a los pacientes. Estos dos aspectos se modificaron en diciembre de 2019.
Además, el SESCAM incluyó a todas las farmacias dentro del ajuste básico, a pesar de que la Orden SCB/45/2019 establece de forma inequívoca que todo ajuste básico es adaptación y tan sólo la pueden hacer aquellos establecimientos autorizados para ello. O lo que es lo mismo, las ortopedias. Algo que no ha sido corregido a día de hoy y que se mantiene pese a las quejas por parte del sector.
Por último, se estaban produciendo retrasos en los pagos de los endosos, produciendo una gran incertidumbre y sin la certeza de saber cuándo iban a resolver su deuda con la administración. Una situación que avocaba a la quiebra a muchos establecimientos.
