20 de julio, 2020 Artículos comentarios Bookmark and Share
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Un artículo de José Augusto García Navarro, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.

Cuando empieza la desescalada tras el confinamiento por el COVID-19 y las valoraciones de lo que se ha vivido por la epidemia, hay una serie de recomendaciones que deberían convertirse en directrices imprescindibles para remediar la escasa sensibilidad que se da en ocasiones con un segmento de la población tan vulnerable como las personas mayores. Estamos a tiempo de mejorar la situación desde todos los ámbitos si tenemos en cuenta algunos de estos factores y descartamos las tentaciones de actuar con edadismo.

Es necesario seguir trabajando en equipo y personalizando las decisiones clínicas después de una valoración geriátrica integral para tomar decisiones complejas como ingresar a una persona en una Unidad de Cuidados Intensivos  y decidirlo sin tener en cuenta el criterio de la edad como un criterio excluyente. Si nos encontramos con que una persona de 55 años con más carga de enfermedad y más dependencia que una persona de 80 y con peor pronóstico vital, ésta accedería al tratamiento por delante de la persona más joven. Los criterios que deben guiar la atención a los pacientes deben ser estos criterios médicos, nunca la edad del enfermo. Además, la decisión se toma en equipo y está basada siempre en criterios éticos. Se deberían tener presentes tres aspectos: qué pronóstico de años de vida tendrá después de la intervención; su grado de dependencia, y cuál es la carga de enfermedad del paciente, para ver si la intervención le dará calidad y tiempo de vida. Es fácil entender que este tipo de decisiones ha sido una de las principales causas de estrés en el personal médico durante la crisis sanitaria reciente. Habrá que atender a las personas sin tener en cuenta la edad cronológica de las personas como criterio para limitar un recurso terapéutico.

Hay que evitar el edadismo en las informaciones en los medios de comunicación y también que se repitan algunas políticas de las autoridades públicas respecto a las personas mayores más vulnerables que suponen una falta de sensibilidad importante. En concreto, respecto a personas que sufren demencias, trastornos de comportamiento y otras enfermedades mentales. Estas personas son atendidas habitualmente en su domicilio por un único cuidador/a, a menudo por sus parejas, también de edad avanzada, y deben dar paseos diarios para reducir sus trastornos de comportamiento, así como la carga de trabajo de la persona cuidadora.

Deberán activarse mecanismos específicos de tratamiento psicológico y médico para las personas que viven en su domicilio, y para las personas enfermas que iban a centros de día, y que hasta la fase final de desescalada no han podido reincorporarse a sus rutinas previas.

Hay que actuar para acabar con el miedo de mucha gente mayor a ir al hospital incluso cuando tienen enfermedades crónicas graves y explicar que se han organizado circuitos diseñados para evitar los contagios del COVID-19. Ahora es tiempo de seguir tratando todas las otras enfermedades no COVID-19.

Hay que dotar de una mayor financiación a las residencias para incrementar el personal que atienden a las personas mayores, así como una integración real de servicios sanitarios y sociales.  Sería recomendable que el equipo de atención primaria visitara las residencias de forma periódica, con el fin de garantizar un mínimo control del estado de salud de las personas mayores. En previsión de un rebrote en otoño, es también necesario proteger al personal sanitario y de atención con los equipos de protección individual necesarios, y lo sería también identificar quién tiene el virus mediante test diagnósticos, unos recursos que también han llegado cuando el problema era incontrolable.

Como sociedad hay que seguir actuando contra la soledad no deseada ya que, en este momento, obligados por el confinamiento, hemos podido comprobar de forma más evidente que se trata no solo de un problema sanitario, sino también de desarrollo personal y que provoca efectos nocivos en la salud y la calidad de vida de las personas.

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