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Anticipar las necesidades económicas y asistenciales, conocer las ayudas disponibles y proteger tanto el patrimonio como a las personas cuidadoras son algunos de los aspectos fundamentales para afrontar una situación de dependencia.
Fundación Caser destaca la importancia de anticipar las decisiones relacionadas con la dependencia para preservar, en la medida de lo posible, la autonomía y las preferencias de las personas que necesitan cuidados. La pérdida de autonomía puede producirse de forma gradual o repentina, pero siempre implica reorganizar los apoyos, los recursos familiares y la economía del hogar. Contar con información y conocer las alternativas disponibles permite afrontar ese proceso con mayor margen de decisión.
La planificación adquiere cada vez más relevancia ante el envejecimiento de la población. Siete de cada diez personas en situación de dependencia tienen más de 80 años y la mitad supera los 86. Además, el número de hogares con algún dependiente mayor de 65 años se ha duplicado desde 2016. Las proyecciones apuntan a que en 2050 casi una de cada tres personas residentes en España tendrá más de 65 años.
El estudio El impacto de la dependencia en la salud financiera de los hogares, elaborado por Fundación Caser y Afi, muestra que el efecto económico de la dependencia se acumula progresivamente. Las cuentas y depósitos registran una caída media del 11,3%, el patrimonio financiero se reduce un 8,4% y el patrimonio bruto, un 4,8%. El análisis también estima una disminución del patrimonio inmobiliario del 9,6%, aunque este resultado debe interpretarse con mayor cautela.
A partir de estos datos, Fundación Caser plantea cuatro claves para acompañar a las familias, desde la planificación previa hasta las etapas en las que los cuidados requieren una mayor intensidad.
Prepararse para una posible situación de dependencia comienza antes de que surja la necesidad de recibir cuidados. Incluir esta posibilidad en la planificación financiera a lo largo de la vida puede ayudar a afrontar los primeros gastos sin que todo el esfuerzo económico recaiga sobre los ahorros disponibles.
Fundación Caser recomienda disponer de un colchón de liquidez, revisar periódicamente la capacidad de ahorro y conocer las alternativas de previsión y aseguramiento que pueden complementar la cobertura pública en las etapas más avanzadas de la vida.
También es importante tener en cuenta cómo se distribuye el patrimonio. Casi el 80% del patrimonio bruto de los hogares con personas en situación de dependencia se concentra en vivienda y depósitos, frente a aproximadamente el 71% en los hogares sin dependencia. Por el contrario, otros activos financieros —como fondos de inversión, valores negociados, seguros de ahorro, deuda y bonos— representan el 16,5% del patrimonio de estos hogares, frente al 23,8% en aquellos sin dependencia.
Esta menor diversificación puede dificultar el acceso progresivo a recursos cuando aparecen nuevos gastos y reducir las posibilidades de obtener rentas periódicas sin recurrir inmediatamente al patrimonio principal.
Anticiparse no significa conocer de antemano cuánto costará una futura situación de dependencia, ya que dependerá del grado de apoyo necesario, su duración y las circunstancias personales. Se trata de conservar margen para tomar decisiones con calma, conocer las opciones de protección y evitar decisiones económicas precipitadas en momentos delicados.
Cuando aparece una situación de dependencia, las familias suelen recurrir primero a los recursos más accesibles. Según el estudio, las cuentas y los depósitos son los activos que antes acusan el aumento del gasto, con una caída media del 11,3% que comienza a apreciarse a partir del segundo año.
En esta fase conviene ordenar las necesidades económicas, distinguir los gastos habituales de los extraordinarios y analizar las alternativas disponibles antes de tomar decisiones patrimoniales importantes.
Conocer las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia también resulta fundamental. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) incluye servicios de prevención y promoción de la autonomía, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día o de noche y atención residencial, además de distintas prestaciones económicas. A través del Programa Individual de Atención (PIA) se determina qué servicios o prestaciones se ajustan mejor a las necesidades de cada persona.
Disponer de información sobre estas ayudas, las deducciones fiscales y las compatibilidades existentes permite estimar qué parte del coste de los cuidados deberá asumir directamente la familia.
Las prestaciones económicas por dependencia contribuyen a aliviar ese esfuerzo, aunque no cubren por completo el sobrecoste asociado a los cuidados. El estudio refleja que la prestación media pasó de 4.600 euros en 2016 a 3.300 euros en 2023, en euros constantes de 2023. Esta evolución está condicionada tanto por la inflación como por los cambios en el perfil de las personas beneficiarias.
El marco aprobado en 2023, que incorpora cuantías mínimas garantizadas y una actualización vinculada al IPC, puede contribuir a reforzar esta protección. No obstante, sigue siendo necesario complementar los apoyos públicos con una gestión ordenada de los recursos familiares.
Cuando la dependencia se mantiene en el tiempo, el impacto económico comienza a extenderse al conjunto del patrimonio financiero. El estudio estima una reducción media del 8,4%, más evidente a partir del tercer año.
En esta etapa cobra importancia planificar cómo utilizar los recursos disponibles y valorar con tiempo las decisiones que pueden afectar al patrimonio familiar. Revisar la titularidad y la fiscalidad de los activos o anticipar necesidades futuras permite organizar los gastos de una forma más ordenada. El objetivo no es evitar el uso del patrimonio, sino administrarlo para sostener los cuidados sin comprometer la estabilidad económica futura.
Sin embargo, el impacto de los cuidados prolongados va más allá de las finanzas. A cierre de 2025, el 72% de los cuidadores no profesionales registrados eran mujeres y casi la mitad tenía entre 50 y 66 años. Además, el número de personas que trabajan a jornada parcial por motivos de cuidado y sin hijos en el hogar se ha más que duplicado entre 2005 y 2024, superando las 30.000 personas de media anual.
Reducir la jornada o interrumpir temporalmente la actividad laboral puede afectar tanto a los ingresos actuales como a la capacidad de ahorro y las cotizaciones futuras de la persona cuidadora.
Esta situación se produce, además, en un contexto de hogares cada vez más pequeños. Su tamaño medio ha pasado de 3,8 personas en 1970 a 2,5 en 2021, lo que reduce las posibilidades de repartir los cuidados dentro de la familia. Por ello, el apoyo profesional y los servicios de respiro adquieren especial relevancia cuando la atención se prolonga durante meses o años.
Estos recursos permiten disponer de tiempo y contribuyen a proteger la salud, la situación laboral y el bienestar de quienes cuidan, al tiempo que favorecen una atención adecuada a la persona en situación de dependencia.
Fundación Caser recuerda la importancia de cuidar también a quienes cuidan, facilitarles información y ofrecerles apoyo durante todo el proceso. Pedir ayuda profesional, compartir responsabilidades y recurrir a los servicios disponibles debería formar parte de la organización cotidiana de los cuidados, y no reservarse únicamente para los momentos en los que la situación resulta difícil de sostener.
Cuando las necesidades de cuidado aumentan y se prolongan, puede ser necesario valorar cómo utilizar activos de mayor valor. La vivienda suele ser uno de los últimos recursos a los que recurren las familias. El estudio estima una reducción media del patrimonio inmobiliario del 9,6%, aunque con mayor incertidumbre estadística. Entre los factores que pueden explicar esta evolución se encuentran los costes y plazos asociados a una venta, así como el vínculo personal y familiar con la vivienda habitual.
En este escenario pueden estudiarse alternativas para obtener liquidez a partir del patrimonio inmobiliario sin necesidad de vender inmediatamente, como la hipoteca inversa o la nuda propiedad. Se trata de decisiones relevantes para las que no existe una fórmula válida para todos los casos. Por ello, conviene analizarlas con tiempo y asesoramiento, teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras y la situación familiar, fiscal y patrimonial.
En cualquier caso, las decisiones sobre la vivienda, el lugar de residencia, los apoyos o el uso del patrimonio deben respetar los deseos y preferencias de la persona en situación de dependencia. Preservar la autonomía también significa participar en las decisiones que afectan a la propia vida, evitando que una necesidad económica inmediata determine por sí sola cómo y dónde se reciben los cuidados.
La capacidad de anticipación de las familias debe ir acompañada de un sistema de atención suficientemente sólido. A cierre de 2025, el SAAD registraba 2,3 millones de solicitudes y había reconocido el derecho a una prestación a 1,8 millones de personas. De ellas, 1,7 millones contaban con un Programa Individual de Atención.
Por su parte, el gasto público en cuidados de larga duración se mantiene por debajo del 1% del PIB. Las proyecciones recogidas en el estudio apuntan a que podría alcanzar el 1,8% en 2070.
Fundación Caser apuesta por una respuesta que combine prevención, información, apoyo público, servicios profesionales y planificación financiera. Anticiparse permite conservar alternativas, organizar los cuidados y proteger tanto a las personas que los reciben como a quienes los prestan.
La fundación pone a disposición de las familias información y recursos sobre dependencia, autonomía y cuidados, además de un servicio gratuito de orientación y asesoramiento a través del teléfono 900 102 180 y de su portal web.
