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La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) destaca la relevancia de la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, culminada por el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado 16 de septiembre tras su tramitación en el Senado.
La modificación introduce cambios en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y refuerza el enfoque basado en la autonomía, la personalización de los apoyos y la capacidad de decisión.
Entre las novedades se encuentra la eliminación del régimen estatal de incompatibilidades entre prestaciones y servicios, con el objetivo de facilitar la combinación de distintos apoyos. La reforma también incorpora la asistencia personal al catálogo de servicios, amplía el servicio de ayuda a domicilio y reconoce las figuras de persona cuidadora principal y persona cuidadora no profesional.
La teleasistencia pasa a reconocerse como un derecho para las personas en situación de dependencia, con independencia del resto de prestaciones o servicios reconocidos. La nueva regulación plantea además un servicio continuo y personalizado, orientado a favorecer la permanencia en el domicilio, la autonomía y la participación en el entorno comunitario.
La reforma también incorpora un servicio específico de promoción de la autonomía personal, dirigido a mantener y desarrollar la capacidad de las personas para controlar, afrontar y tomar decisiones sobre su propia vida, de acuerdo con sus preferencias y estilo de vida.
Otro de los cambios recogidos es la reducción de los plazos de resolución de los procedimientos de reconocimiento de la situación de dependencia. En este nuevo marco, la atención pretende adaptarse en mayor medida a la situación funcional, las necesidades de apoyo y las preferencias de cada persona.
Para la SEGG, este enfoque resulta especialmente relevante en el caso de las personas mayores, ya que la atención a la dependencia debe estar vinculada al mantenimiento de la capacidad funcional, la autonomía y la calidad de vida, además del respeto a la capacidad de decisión sobre los apoyos necesarios.
La reforma modifica igualmente el marco legal de las personas con discapacidad, con medidas relacionadas con la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal. Entre ellas figura la equiparación de determinados grados de dependencia con porcentajes mínimos de discapacidad a efectos de la legislación correspondiente.
El texto aprobado también refuerza el enfoque de derechos y la vida independiente, así como la necesidad de que los apoyos se ajusten a la voluntad, los deseos y las preferencias de cada persona.
La aprobación definitiva abre ahora una nueva etapa centrada en el desarrollo, financiación e implantación de las medidas en las distintas comunidades autónomas. Para la SEGG, la ampliación de derechos y apoyos deberá ir acompañada de los recursos necesarios para garantizar su aplicación efectiva.
Entre los principales retos señalados por la organización se encuentran la reducción de las listas de espera, la disponibilidad de profesionales cualificados, una financiación suficiente y estable y una mayor coordinación entre los sistemas sanitario y social.
La SEGG también apunta a la necesidad de evitar desigualdades territoriales en el acceso a servicios y prestaciones, de modo que los nuevos derechos puedan traducirse en apoyos suficientes y adaptados a las necesidades de las personas, especialmente de aquellas que requieren atención continuada.
Desde una perspectiva geriátrica y gerontológica, la entidad considera que la atención a la dependencia debe integrarse en una estrategia más amplia que incluya la prevención, la promoción de la autonomía y la capacidad funcional, además de una atención social y sanitaria coordinada.
La organización señala que continuará contribuyendo, desde una perspectiva interdisciplinar, al desarrollo de modelos de atención orientados a favorecer la autonomía, la funcionalidad, la participación y la calidad de vida de las personas mayores.
