29 de junio, 2026
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La Plataforma considera prioritario que el nuevo documento de consenso del Sistema Nacional de Salud se traduzca en medidas coordinadas, recursos suficientes y una implantación homogénea en todo el territorio.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha valorado positivamente la publicación de la Actualización del documento de consenso sobre prevención de la fragilidad y caídas en la persona mayor (2026), impulsado en el marco de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS el pasado 9 de abril. No obstante, la organización reclama que este documento vaya acompañado de un Plan Nacional de Prevención de Caídas de Personas Mayores que garantice su aplicación efectiva y coordinada en todo el sistema sanitario, sociosanitario y comunitario.

Para la PMP, esta actualización supone un avance relevante al reforzar el abordaje de la fragilidad y las caídas como una prioridad de salud pública en un contexto marcado por el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida y la necesidad de adaptar los sistemas sanitario y sociosanitario a las necesidades específicas de las personas mayores.

El documento, elaborado por el Grupo de Trabajo de Prevención de la Fragilidad y Caídas de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el SNS, incorpora la evidencia científica más reciente y refuerza el enfoque preventivo mediante la detección precoz del riesgo de fragilidad y de caídas, con el objetivo de preservar la capacidad funcional, retrasar el deterioro y favorecer una vida más autónoma y saludable.

La Plataforma ha participado activamente en la elaboración del documento a través de su Comisión de Sanidad y destaca especialmente que el texto sitúe como eje central la detección temprana de la fragilidad y del riesgo de caídas en personas de 70 o más años, tanto desde la atención primaria como desde el ámbito comunitario. Asimismo, valora que se reconozca expresamente el papel del entorno sociosanitario y comunitario en la identificación de personas mayores con mayor vulnerabilidad.

Según la PMP, este planteamiento responde a la necesidad de avanzar hacia un modelo asistencial más preventivo, personalizado y coordinado, especialmente para las personas mayores con enfermedades crónicas, dependencia, aislamiento social o menor contacto con los servicios sanitarios habituales.

El presidente de la Comisión de Sanidad de la PMP, José Manuel Freire, ha señalado que la actualización del documento pone de manifiesto que la prevención de las caídas debe convertirse en una prioridad política y ha defendido la puesta en marcha de un Plan Nacional intersectorial, con la participación coordinada de ayuntamientos, comunidades autónomas y Gobierno central, así como actuaciones en ámbitos como la vivienda, el urbanismo, la sanidad y los servicios sociales.

Freire ha subrayado además que disponer de un documento técnico consensuado constituye un paso importante, pero considera imprescindible que sus recomendaciones se traduzcan en una implantación homogénea en todas las comunidades autónomas, con recursos suficientes y mecanismos de seguimiento que permitan evaluar su aplicación.

La Plataforma recuerda que lleva tiempo reclamando un Plan Nacional de Prevención de Caídas de Personas Mayores, al considerar que las caídas representan una de las principales amenazas para la salud, la autonomía, el bienestar y la calidad de vida de este colectivo, además de generar un elevado coste social y sanitario. En este sentido, propone impulsar un modelo similar al desarrollado en Francia, que combine medidas sanitarias con campañas de sensibilización, ayudas para adaptar las viviendas, actuaciones urbanísticas y un refuerzo de los servicios sociales y de la coordinación sociosanitaria.

Asimismo, la PMP considera que la prevención de la fragilidad y de las caídas debe integrarse en una estrategia más amplia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, con especial atención al refuerzo de la atención primaria, la atención domiciliaria y a las personas que viven en residencias, así como en políticas que promuevan un envejecimiento activo y saludable.

Por todo ello, la Plataforma hace un llamamiento a las administraciones públicas para que la actualización del documento de consenso se traduzca en acciones concretas, evaluables y sostenidas en el tiempo, reforzando la atención primaria, la coordinación sociosanitaria, la intervención comunitaria y la creación de entornos más seguros y accesibles para las personas mayores.

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