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El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley que revaloriza las pensiones en 2026, con efectos retroactivos desde el 1 de enero. La medida garantiza que los pensionistas reciban los incrementos en sus nóminas sin demoras, incluso antes de la convalidación parlamentaria.
La subida de pensiones se separa del escudo social tras el rechazo del decreto ómnibus, y cuenta con el respaldo de los principales grupos parlamentarios, incluidos PP y Junts.
Las pensiones contributivas y las de clases pasivas aumentan un 2,7%, beneficiando a más de 9 millones de personas. Para la pensión media, esto supone entre 500 y 570 euros anuales adicionales, mientras que el complemento por reducción de brecha de género también se eleva, reforzando la igualdad en el sistema.
Las pensiones mínimas crecen más del 7%, y las pensiones de viudedad con cargas familiares, cónyuge a cargo y las no contributivas aumentan un 11,4%, al igual que el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La pensión mínima de jubilación en hogares unipersonales se sitúa en 13.106,80 euros anuales, y en hogares con cónyuge a cargo en 17.592,40 euros.
El tope de pensión se fija en 3.359,60 euros mensuales, equivalente a 47.034,40 euros al año, mientras que la base máxima de cotización sube un 3,9%, hasta 5.101,2 euros mensuales, asegurando la sostenibilidad del sistema y la contribución proporcional de quienes perciben salarios más altos.
El decreto mantiene la congelación de cuotas de autónomos, facilita la compatibilidad de la pensión contributiva con el trabajo para médicos y personal sanitario, y añade nuevas cotizaciones para bomberos y agentes forestales. Además, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sube al 0,9%, y la cuota de solidaridad se aplica de manera progresiva para fortalecer los fondos de reserva.
Con estos cambios, el Gobierno busca garantizar que las pensiones en 2026 no solo mantengan el poder adquisitivo, sino que también reduzcan desigualdades y protejan los ingresos más bajos del sistema público.
