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El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la Orden de 21 de julio de 2026, que regula los requisitos de los centros de atención a personas mayores en la comunidad autónoma. La organización considera que la normativa no garantiza una presencia mínima de profesionales de Enfermería en las residencias.
La decisión fue adoptada por el Pleno del CAE el pasado 26 de octubre, en Granada, después de que la organización colegial trasladara en distintas ocasiones a la Administración autonómica su preocupación por las consecuencias de esta regulación para la calidad asistencial y la seguridad de los residentes.
La Orden, publicada el 27 de julio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), elimina la ratio mínima de 0,04 enfermeras por residente, equivalente a una profesional por cada 25 personas, e integra a estas profesionales en una categoría más amplia de personal de atención directa de segundo nivel (AD2N).
Esta categoría contempla funciones de programación, coordinación, seguimiento de la atención y gestión de casos, pero permite que los puestos sean ocupados por profesionales con distintos niveles de formación, incluidos perfiles no universitarios. Aunque la normativa establece que el 50 % del personal AD2N debe contar con una titulación universitaria o una especialidad formativa de nivel 4, no garantiza expresamente la presencia de enfermeras ni que determinadas funciones sean desempeñadas por estas profesionales de acuerdo con sus competencias.
Además, aunque la cartera de servicios obliga a los centros a garantizar cuidados de Enfermería, como la administración de medicamentos, las curas o los sondajes, la Orden no establece una dotación mínima de enfermeras que asegure la prestación de estos servicios.
El Consejo Andaluz de Enfermería advierte de que esta regulación puede tener consecuencias directas sobre la salud y la seguridad de las personas mayores, especialmente ante el aumento de la dependencia, las enfermedades crónicas y la complejidad de los cuidados que necesitan los residentes.
“Las personas mayores que viven en residencias tienen derecho a recibir cuidados profesionales, seguros y adaptados a sus necesidades. No podemos aceptar que una regulación que pretende mejorar la calidad de estos centros no garantice expresamente una dotación mínima de enfermeras”, sostiene el vicepresidente del CAE, Rafael Campos.
La organización colegial alerta también de que la desaparición de una ratio específica de enfermeras puede reducir la capacidad asistencial de las residencias y trasladar una mayor demanda al Sistema Sanitario Público de Andalucía. Esta situación, según advierte, podría incrementar la presión sobre una Atención Primaria que ya soporta una elevada carga de trabajo.
El Consejo Andaluz de Enfermería recuerda que lleva años denunciando la falta de profesionales y las elevadas cargas asistenciales en las residencias andaluzas. En septiembre de 2022 ya alertó de esta situación y, en agosto de 2025, trasladó formalmente a la Consejería su preocupación por el proyecto normativo, solicitando el mantenimiento o la mejora de la ratio mínima de enfermeras.
Sin embargo, el CAE lamenta que sus consideraciones no hayan sido atendidas en el texto definitivo. “Esta Orden era una oportunidad para adaptar la atención en residencias a las necesidades generadas por el envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad y la creciente complejidad de los cuidados. Sin embargo, se ha aprobado una regulación que no garantiza la presencia mínima de las profesionales capacitadas para prestar esos cuidados”, añade Rafael Campos.
