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La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha reclamado un pacto de Estado para garantizar la aplicación efectiva de la reforma de la Ley de Autonomía y Atención a la Dependencia (LAPAD).
Con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora el 29 de octubre, la entidad ha advertido de que el alcance de los cambios normativos dependerá de su desarrollo y de la capacidad de las administraciones para garantizar los servicios, profesionales y apoyos necesarios en todo el territorio.
La PMP considera que la reforma representa un avance hacia un modelo de cuidados más personalizado, flexible y orientado a la autonomía. Sin embargo, insiste en que los derechos reconocidos deben traducirse en mejoras concretas en la vida de las personas mayores y con discapacidad.
La Plataforma valora positivamente que la reforma establezca la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50 % de la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), una de sus reivindicaciones históricas. No obstante, considera necesario avanzar hacia una inversión equivalente al 1,7 % del PIB para dotar de estabilidad al sistema.
La organización reconoce los avances registrados en los últimos años. En junio de 2026, más de 1,7 millones de personas recibían una prestación efectiva del SAAD y la lista de espera se había reducido un 21 % en un año. Aun así, 142.887 personas seguían esperando para recibir atención, con un tiempo medio de tramitación de 314 días.
A esta situación se suma el diagnóstico del Índice DEC (Derechos, Economía y Cobertura), según el cual el 42 % de la población vive en territorios con servicios sociales débiles o irrelevantes.
Ante estas diferencias, la PMP reclama garantizar la equidad territorial y la igualdad de acceso a los servicios y prestaciones, evitando que el lugar de residencia condicione las oportunidades de recibir los cuidados necesarios. Para ello, considera imprescindible reforzar la coordinación entre administraciones, establecer criterios comunes de protección y asegurar recursos suficientes en cada territorio.
La Plataforma defiende un modelo de cuidados centrado en la persona, que respete su dignidad, derechos, voluntad y preferencias. Su objetivo es que las personas puedan vivir y envejecer donde decidan, manteniendo el mayor control posible sobre su vida, sus relaciones y sus rutinas.
En este sentido, reclama ampliar los recursos domiciliarios y de proximidad para facilitar la permanencia en el hogar y en la comunidad cuando esa sea la voluntad de la persona. Esta apuesta, señala la entidad, no debe sustituir la atención residencial, sino acompañar su evolución hacia un modelo más personalizado, hogareño y conectado con el entorno.
Pilar Rodríguez, presidenta de la Comisión de Cuidados de la PMP y de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, destaca la importancia de disponer de «una red de servicios suficientemente amplia, coordinada y flexible, que permita ofrecer a cada persona la atención más adecuada, respetando sus preferencias y circunstancias».
La PMP también valora el refuerzo de la teleasistencia, la asistencia personal y otros servicios de apoyo, así como la mayor flexibilidad para adaptar los cuidados a las necesidades de cada persona.
Otro de los retos señalados por la organización es la disponibilidad de profesionales. Las estimaciones apuntan a que España necesitará 260.000 trabajadores más en el sector de los cuidados de aquí a 2030 para responder al aumento de la demanda.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) recogidos por la PMP, el empleo en cuidados creció un 8,9 % entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, al pasar de 386.900 a 421.200 puestos de trabajo.
Pese a esta evolución, Rodríguez considera necesario seguir ampliando los servicios, reducir la burocracia y garantizar que las personas que necesitan apoyos puedan acceder a ellos en un plazo razonable.
La Plataforma reclama también plantillas suficientes, formación adecuada, estabilidad y condiciones laborales dignas. «La calidad de la atención depende en gran medida de las condiciones en las que trabajan las personas que la prestan», recuerda Rodríguez. La entidad subraya, además, la necesidad de avanzar en igualdad y corresponsabilidad en un sector altamente feminizado.
La transformación del sistema debe contemplar tanto a los profesionales como a quienes asumen los cuidados en el ámbito familiar. La PMP advierte de que esta responsabilidad no puede seguir recayendo mayoritariamente sobre las familias y, especialmente, sobre las mujeres.
«La responsabilidad de los cuidados tampoco puede seguir recayendo como hasta ahora en las familias, ni seguir descansando mayoritariamente sobre las mujeres», señala Rodríguez.
Por ello, la entidad reclama más apoyo a las familias cuidadoras, mediante formación, asesoramiento y recursos de respiro que eviten que cuidar suponga renunciar a la propia salud, al empleo o a la vida personal. También defiende un reparto de responsabilidades entre los recursos públicos y privados, la comunidad y las familias.
Para la PMP, la entrada en vigor de la reforma abre una fase decisiva: trasladar los avances normativos a mejoras concretas en la atención. La organización considera necesario establecer objetivos específicos, indicadores públicos y mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación.
Entre los aspectos que deben supervisarse figuran la evolución de las listas de espera, la cobertura de los servicios, la disponibilidad de profesionales y la calidad de los apoyos. Estos indicadores permitirían comprobar si la financiación adicional se traduce en mejoras verificables para las personas beneficiarias.
Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, considera que la aplicación real de la reforma requiere «un pacto estatal en términos de gobernanza y coordinación interadministrativa, de manera que se simplifiquen y agilicen los procesos».
Fernández subraya que el alcance de los cambios debe medirse en la vida cotidiana de las personas: que reciban los apoyos necesarios a tiempo, cuenten con profesionales suficientes y puedan decidir cómo y dónde vivir y envejecer, sin que una situación de dependencia implique renunciar a su autonomía, dignidad o participación social.
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