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El número de hogares con alguna persona mayor de 65 años que recibe una prestación económica por dependencia se ha duplicado desde 2016, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de cuidados de larga duración.
Así lo recoge el estudio El impacto de la dependencia en la salud financiera de los hogares, elaborado por Fundación Caser.
Las personas de 65 años o más representan actualmente el 21,1% de la población española, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, siete de cada diez personas en situación de dependencia superan los 80 años y la mitad tiene 86 años o más.
Las proyecciones apuntan a que en 2050 casi una de cada tres personas residentes en España tendrá más de 65 años. La tasa demográfica de dependencia podría alcanzar entonces las 75 personas por cada 100 en edad de trabajar, frente a las 53 actuales.
La atención a las personas mayores dependientes también tiene consecuencias sobre la organización familiar y laboral. A cierre de 2025, el 72% de los cuidadores no profesionales registrados eran mujeres y casi la mitad tenía entre 50 y 66 años.
Esta situación coincide con la llamada generación sándwich, que en muchos casos debe compaginar el empleo con el cuidado de familiares de edad avanzada. En el mercado laboral, más de 30.000 personas trabajan a jornada parcial porque dedican parte de su tiempo al cuidado de otras personas, más del doble que en 2005.
A esta situación se suma la reducción del tamaño de los hogares. El número medio de integrantes ha pasado de 3,8 personas en 1970 a 2,5 en 2021, reduciendo la disponibilidad de apoyo dentro de las familias y aumentando la necesidad de recurrir a servicios profesionales.
El estudio también analiza el impacto de la dependencia sobre las finanzas de los hogares. En 2023, los hogares con una persona mayor dependiente presentaban una menor renta disponible y una menor participación de los salarios y los rendimientos del capital en sus ingresos.
El efecto se hace especialmente visible al incorporar los gastos de sanidad, cuidados, asistencia social y servicio doméstico. En los hogares de personas de 86 años o más, la brecha de renta alcanza los 8,8 puntos porcentuales después de descontar estos gastos.
Además, los hogares con dependencia disponen, de media, de un 12% menos de patrimonio neto que otros hogares comparables, una diferencia cercana a los 28.000 euros.
A cierre de 2025, el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) registraba 2,3 millones de solicitudes y reconocía el derecho a recibir una prestación a 1,8 millones de personas. De ellas, 1,7 millones contaban con un Programa Individual de Atención (PIA).
El estudio señala que el envejecimiento seguirá incrementando la demanda de cuidados de larga duración y la presión sobre los recursos públicos y familiares. En este contexto, Fundación Caser plantea avanzar hacia una cultura del cuidado más preparada y compartida, que combine prevención, servicios profesionales, apoyo público y soluciones adaptadas a las necesidades de las personas mayores y sus familias.
La entidad defiende además la importancia de anticipar las necesidades de cuidado y situar en el centro del proceso los deseos, preferencias y autonomía de cada persona.
