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El Gobierno elevará la financiación estatal del sistema con el objetivo de superar los 7.200 millones de euros en 2027 y avanzar hacia el reparto al 50% con las comunidades autónomas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto-ley que supondrá una inyección adicional de 2.218 millones de euros al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 2026, una medida que el Ejecutivo ha definido como la mayor inversión realizada en este ámbito desde la aprobación de la Ley de Dependencia en 2006.
El anuncio se produjo durante un encuentro celebrado en la sede del Imserso junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, representantes del movimiento asociativo y personas beneficiarias del sistema, en el que se abordaron los principales retos de la atención a la dependencia en España.
Según explicó Sánchez, la medida permitirá incrementar la financiación estatal hasta situarla por encima de los 7.200 millones de euros en 2027, reforzando el compromiso del Gobierno de avanzar hacia un modelo en el que la Administración General del Estado asuma el 50% de la financiación del sistema junto a las comunidades autónomas.
Uno de los principales cambios contemplados en la reforma afecta al denominado nivel mínimo de financiación, lo que se traducirá en un aumento de las cuantías que reciben las comunidades autónomas por cada persona atendida. A partir del 1 de julio, la aportación mensual por beneficiario pasará de 290 a 660 euros para las personas con Grado III de dependencia (gran dependencia), de 130 a 260 euros para el Grado II (dependencia severa) y de 76 a 90 euros para el Grado I (dependencia moderada).
El Ejecutivo estima que estas mejoras beneficiarán a más de 1,6 millones de personas y contribuirán a avanzar en tres objetivos prioritarios: reducir las listas de espera, mejorar la calidad de los cuidados y dignificar las condiciones laborales de los profesionales del sector.
Actualmente, más de 265.000 personas permanecen a la espera de recibir una prestación o servicio del sistema de dependencia, una situación que el Gobierno pretende corregir mediante el refuerzo de la financiación y la simplificación de los procedimientos administrativos.
La nueva normativa incorpora además cambios estructurales dirigidos a flexibilizar la atención. Entre ellos destaca la eliminación de determinadas incompatibilidades que impedían compatibilizar servicios como la ayuda a domicilio y la asistencia a centros de día, una reivindicación histórica de usuarios, familias y entidades sociales.
Asimismo, se establece una pasarela automática entre dependencia y discapacidad, de modo que las personas con reconocimiento de Grado I obtendrán automáticamente un 33% de discapacidad, mientras que los Grados II y III accederán al 65%.
Durante el acto, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), Jesús Norberto Fernández, valoró positivamente el anuncio y destacó que supone un avance hacia una reivindicación histórica del sector, subrayando la importancia de que el aumento de recursos se traduzca en menos listas de espera y una mejora homogénea de la atención en todo el territorio.
Con esta reforma, el Gobierno busca reforzar uno de los principales pilares del Estado del bienestar y responder al desafío del envejecimiento de la población y el incremento de las necesidades de cuidados de larga duración en España.
