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La protección de los derechos de las personas mayores continúa siendo insuficiente en numerosos sistemas regionales, según se puso de manifiesto en una jornada organizada por la Fundación HelpAge International España en la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid.
Durante el encuentro, expertos y representantes institucionales coincidieron en que, pese a los avances, persisten importantes brechas entre el reconocimiento formal de derechos y su aplicación real. A lo largo de más de tres horas de debate, se analizaron los distintos modelos de protección en Europa, África y América, evidenciando tanto progresos como desafíos estructurales.
En la apertura institucional, se subrayó la necesidad de avanzar hacia una Convención de Naciones Unidas para los derechos de las personas mayores, considerada clave para garantizar una protección homogénea a nivel global.
El catedrático Rafael de Asís destacó la importancia de adoptar un enfoque de derechos centrado en la persona, alertando de una doble crisis del sistema actual: institucional y de enfoque. También incidió en la necesidad de garantizar aspectos como la participación, el derecho al cuidado o la vida en comunidad.
Desde el ámbito europeo, se recordó que instrumentos como la Carta Social Europea ya contemplan la protección de las personas mayores, aunque no todos los Estados la han ratificado. Además, se señalaron incumplimientos graves y reiterados, lo que evidencia la necesidad de reforzar su aplicación efectiva.
En el caso africano, se destacaron avances como el Protocolo Africano sobre los Derechos de las Personas Mayores, aunque persisten problemas como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos o situaciones de abuso.
Por su parte, en América Latina se valoró positivamente la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aunque todavía existen desafíos clave como la protección de mujeres mayores o la diversidad de contextos culturales.
El encuentro concluyó con un llamamiento común a reforzar los instrumentos existentes, mejorar su cumplimiento y garantizar la participación real de las personas mayores en las decisiones que les afectan.
Asimismo, se destacó la necesidad de abordar retos como la brecha digital y la especial vulnerabilidad de las mujeres mayores, así como avanzar hacia un marco internacional vinculante que asegure una protección efectiva y universal.