La violencia en mujeres mayores es persistente y agravada por el edadismo y la falta de recursos adaptados. Un estudio de la Delegación del Gobierno revela que el 40% de las víctimas mayores ha sufrido maltrato durante más de 40 años, con problemas económicos en el 43% de los casos. La dependencia financiera sigue siendo un factor crítico, señala el informe.
Las mujeres mayores representan entre un 8% y un 10% de las víctimas denunciadas, pero denuncian mucho menos que otros grupos. Más de 3.200 mujeres mayores denunciaron en 2024, aunque la Macroencuesta 2019 indica que solo el 17,6% de mayores de 65 denuncia. Además, en 2025 ya son nueve mujeres mayores asesinadas, casi un tercio del total. Es la cifra más alta desde 2020, subraya HelpAge.
HelpAge y PMP insisten en que la doble discriminación por género y edad mantiene a estas mujeres en la invisibilidad. El silencio aprendido, la dependencia económica y la falta de apoyo agravan su vulnerabilidad. El edadismo institucional actúa como barrera añadida, denuncian ambas entidades.
La renovación del Pacto de Estado incluye avances como la violencia económica como categoría específica, pero los recursos adaptados siguen siendo insuficientes. “Hay una urgente necesidad de romper el silencio”, afirma Isabel Martínez, presidenta de HelpAge. “Aunque hemos avanzado, las desigualdades estructurales siguen intactas”, añade.
El presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, alerta sobre la invisibilidad histórica de estas mujeres y la falta de recursos. “Han caminado décadas en invisibilidad y siguen sin encontrar apoyo adecuado”, afirma. “La igualdad no será real hasta que nadie quede atrás”, concluye.
HelpAge y PMP sostienen que abordar la violencia en mujeres mayores requiere medidas específicas y urgentes. La sociedad y las políticas públicas aún no han incorporado la mirada desde la vejez. Por ello plantean actuaciones inmediatas para garantizar su derecho a una vida sin violencia:
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Reconocimiento explícito de las mujeres mayores en todos los planes y protocolos.
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Campañas accesibles y adaptadas a su realidad, incluyendo formatos presenciales y comunitarios.
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Protocolos especializados con formación al personal sanitario, social y residencial.
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Recursos económicos y habitacionales que garanticen independencia y seguridad.
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Acompañamiento psicosocial adaptado a la violencia crónica.
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Datos desagregados por edad y género en todos los informes oficiales.
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Incorporación del edadismo como eje estructural en las políticas de igualdad.
