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Durante la jornada organizada por la Plataforma de Mayores y Pensionistas y Fundación Notariado, expertos del sector subrayaron la necesidad de dotar de seguridad jurídica a los pactos asistenciales como solución flexible y personalizada frente a la soledad no deseada en la vejez.
La soledad no deseada en la vejez exige nuevas respuestas centradas en la persona. Los pactos asistenciales (acuerdos de convivencia y cuidados en el hogar) se consolidan como una alternativa eficaz y humanizada, pero requieren un marco jurídico que garantice su seguridad y sostenibilidad.
Esta fue una de las principales conclusiones de la jornada organizada por la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Fundación Notariado, donde expertos en envejecimiento, notarios y representantes del tercer sector coincidieron en la urgencia de integrar estas fórmulas dentro del sistema de apoyos domiciliarios, con enfoque comunitario, intergeneracional y adaptado a la diversidad del colectivo senior.
Concepción Pilar Barrio del Olmo, presidenta de la Fundación Notariado y del Consejo General del Notariado, abrió la jornada subrayando que el envejecimiento, pese a ser un logro social, plantea desafíos que requieren respuestas jurídicas inmediatas. "Nuestra obligación es facilitar que las personas mayores conserven su autonomía con garantías", afirmó.
Barrio del Olmo destacó el papel del Notariado como observador privilegiado de nuevas formas de convivencia que emergen desde el territorio, especialmente en entornos rurales, donde la falta de recursos institucionales impulsa soluciones basadas en la solidaridad. En este sentido, reivindicó que los pactos asistenciales, aunque hoy son válidos sin necesidad de regulación específica, se beneficiarían enormemente de un marco legal claro que los impulse y proteja.
Jesús Norberto Fernández, presidente de la PMP, incidió en la necesidad de ofrecer respuestas diversas a las múltiples realidades del colectivo senior. Alertó del riesgo de aplicar soluciones uniformes a una población heterogénea y abogó por reforzar el apoyo domiciliario, la teleasistencia universal y la creación de entornos adaptados que permitan a las personas mayores permanecer en su hogar.
"El entorno vital es parte de la identidad; no se puede trasplantar al olmo viejo", sentenció, en defensa de modelos de cuidado que respeten los vínculos afectivos y comunitarios. También propuso avanzar en el desarrollo normativo de los pactos asistenciales como complemento a los recursos del Estado del Bienestar, destacando la necesidad de un asesoramiento jurídico accesible y adaptado.
En una mesa de diálogo posterior, se analizaron diversas experiencias y perspectivas. Cristina Rodríguez-Porrero, presidenta de la Comisión de Longevidad Empoderada y Colaborativa de la PMP, subrayó las ventajas de los pactos de ayuda mutua: flexibilidad, sostenibilidad, personalización del cuidado, promoción de la autonomía y revitalización de entornos locales, tanto urbanos como rurales.
Destacó su capacidad de complementar servicios ya existentes, como la teleasistencia o los centros de día, y pidió reforzar la seguridad jurídica y la accesibilidad de la información, especialmente para personas mayores en situación de discapacidad o con barreras de comunicación.
La notaria Alicia Calaza, con experiencia en contextos rurales, remarcó que muchas personas mayores ya buscan fórmulas alternativas que les permitan mantener su independencia sin renunciar a los cuidados. "La vivienda puede ser el eje de estos nuevos modelos de cuidados. El 89% de las personas mayores de 65 años tienen una en propiedad, lo que abre la puerta a acuerdos basados en su rentabilización como activo social", apuntó. También reclamó incentivos fiscales para quienes financian su propia dependencia con medios privados.
Por su parte, el inspector de Hacienda Domingo Carbajo insistió en la necesidad de regulación y trazabilidad para poder integrar estos pactos en el sistema fiscal. "Para aplicar beneficios fiscales necesitamos certeza, prueba documental y control administrativo", señaló, abogando por una estrategia transversal que combine legislación, registro y seguimiento.
