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La Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP) ha mostrado su preocupación por la incorporación de productos ortoprotésicos reutilizados a la prestación pública en algunas comunidades autónomas.
La Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP) ha advertido de los riesgos que, a su juicio, supone la reutilización de productos ortoprotésicos dentro del Sistema Nacional de Salud. La organización recuerda que estos dispositivos no son productos estandarizados, sino prestaciones sanitarias que requieren valoración clínica, adaptación individual y seguimiento por parte de profesionales especializados.
Según la federación, muchos productos ortoprotésicos están diseñados o adaptados específicamente para un usuario concreto, por lo que su reutilización plantea dudas sobre aspectos como la trazabilidad, el estado del dispositivo o su adecuación a las necesidades clínicas del nuevo paciente.
FEDOP considera además que la implantación de circuitos de reutilización puede generar una diferencia asistencial entre pacientes, al coexistir usuarios que reciben productos nuevos y personalizados con otros que acceden a dispositivos previamente utilizados. En opinión de la organización, esta situación puede afectar a los principios de igualdad y equidad que deben regir la sanidad pública.
"Una prestación sanitaria pública no puede crear diferencias entre pacientes ni reducir las garantías de quienes necesitan mayor protección por su situación de dependencia, discapacidad o limitación funcional", afirma Pablo Pérez Aragundi, presidente de FEDOP.
La federación defiende que cualquier estrategia orientada a mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario debe compatibilizar la eficiencia económica con la seguridad del paciente, la calidad asistencial y el respeto al criterio clínico. En este sentido, reclama que la prestación ortoprotésica continúe garantizando productos adaptados de forma individual y la intervención de profesionales especializados durante todo el proceso asistencial.
Para FEDOP, la búsqueda de modelos más eficientes no debe realizarse a costa de reducir las garantías asistenciales ni de comprometer la autonomía, la movilidad y la calidad de vida de las personas que necesitan este tipo de productos sanitarios.
