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El Defensor del Pueblo ha respondido a la queja presentada en septiembre por la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA), en la que la entidad trasladaba la situación de inequidad generada por la falta de financiación pública de lecanemab y donanemab, los únicos tratamientos autorizados en Europa capaces de ralentizar la progresión de la enfermedad de Alzheimer en sus fases iniciales.
En su respuesta, la institución informa de que ya se ha dirigido al Ministerio de Sanidad sobre esta cuestión, en el marco de otras actuaciones relacionadas con el acceso y la financiación de los tratamientos para la enfermedad de Alzheimer. El Defensor del Pueblo añade que mantiene el seguimiento de esta materia y de las decisiones adoptadas por las administraciones competentes, y se compromete a trasladar a CEAFA cualquier nueva información o avance relevante en las actuaciones en curso.
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha respondido a la solicitud de encuentro formulada por la Confederación y se ha mostrado abierto a celebrarlo en función de su disponibilidad. Aunque su agenda actual le impide concretar una fecha, la institución ha trasladado que valorará la reunión próximamente. CEAFA permanece pendiente de concertarla para trasladarle de primera mano la realidad de los pacientes y sus familias.
“Agradecemos la atención del Defensor del Pueblo y su seguimiento de esta cuestión. Confiamos en que el encuentro nos permita explicarle de primera mano lo que supone para las personas con Alzheimer quedarse fuera de una opción terapéutica autorizada. Mientras tanto, seguiremos trabajando para que el acceso a estos tratamientos no dependa de la capacidad económica de cada paciente”, afirma Jesús Rodrigo, director de CEAFA.
La queja se presentó después de que, el pasado 15 de julio, la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) acordara definitivamente la no financiación de ambos fármacos. En su escrito, CEAFA advertía de que personas con la misma enfermedad y la misma indicación clínica reciben una respuesta diferente en función de sus recursos económicos.
La Confederación alertaba también de que el acceso a estos tratamientos solo es posible en las etapas tempranas del Alzheimer, por lo que cada mes de retraso puede suponer la pérdida definitiva de la oportunidad terapéutica.
CEAFA planteaba la cuestión como un asunto que afecta al ejercicio de derechos fundamentales, y no únicamente como un debate sobre política farmacéutica. Según la queja, la falta de acceso equitativo compromete el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución y debe valorarse a la luz del artículo 9.2, que obliga a los poderes públicos a promover una igualdad real y efectiva.
El escrito invocaba también los principios de equidad, igualdad efectiva y superación de las desigualdades en salud recogidos en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, así como las garantías del artículo 49 de la Constitución en materia de autonomía personal, dado que muchas personas con Alzheimer se encuentran o llegarán a encontrarse en situación de discapacidad o dependencia.