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La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha valorado positivamente la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto que regula las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, una norma que, según la organización, supone un paso adelante para construir entornos y servicios más comprensibles e inclusivos.
El reglamento contempla expresamente entre sus destinatarios a las personas mayores con deterioro cognitivo, aunque sus medidas se dirigen al conjunto de la población que encuentra dificultades para comprender información, orientarse en determinados espacios o interactuar con bienes y servicios.
Para la PMP, la accesibilidad cognitiva tiene además una dimensión específica en el caso de las personas mayores, ya que puede contribuir a reducir situaciones de edadismo y exclusión cuando las dificultades de comprensión se combinan con la brecha digital, la complejidad de los trámites administrativos o la falta de adaptación de determinados servicios.
La organización participó en el proceso de elaboración de la norma a través del trámite de información pública, donde reclamó incorporar una perspectiva específica de envejecimiento y tener en cuenta las necesidades de las personas mayores y de las personas mayores con discapacidad.
Entre sus aportaciones, la PMP defendió la necesidad de utilizar una comunicación clara y sencilla en ámbitos especialmente relevantes para este colectivo, como la sanidad, las prestaciones sociales, los trámites administrativos, la justicia y los servicios digitales. También planteó la creación de mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan comprobar la aplicación de las medidas y conocer su impacto.
El nuevo reglamento extiende la accesibilidad cognitiva a diferentes ámbitos de la vida cotidiana, entre ellos el transporte, los espacios públicos, las telecomunicaciones, la atención sanitaria, las administraciones públicas, la Justicia, el empleo, la cultura y los procesos electorales.
Según el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, esta visión transversal resulta necesaria para garantizar que las personas puedan desenvolverse con autonomía y ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.
La organización considera que el reglamento también beneficiará a personas con discapacidad, personas en situación de analfabetismo o analfabetismo funcional y quienes encuentran dificultades de comprensión relacionadas con el idioma u otras circunstancias sociales.
Junto con la valoración positiva de la norma, la PMP reclama que su aplicación vaya acompañada de recursos suficientes, formación especializada y mecanismos de seguimiento y evaluación.
La Plataforma advierte de que la aprobación del reglamento supone un avance legislativo, pero que su impacto dependerá de que las administraciones y los distintos agentes implicados dispongan de los medios necesarios para trasladar sus principios a los servicios y entornos cotidianos.
Para la organización, facilitar que una persona mayor pueda comprender una información sanitaria, realizar un trámite administrativo o utilizar un servicio digital de forma autónoma no es únicamente una cuestión de accesibilidad, sino también de igualdad, participación social y ejercicio efectivo de derechos.
La PMP ha reafirmado su disposición a colaborar con las administraciones públicas, el movimiento asociativo y otros agentes sociales para avanzar en la adaptación de servicios, la simplificación de procesos y la reducción de cargas administrativas.
La entidad considera que la accesibilidad cognitiva debe consolidarse como un componente esencial de la accesibilidad universal y como una herramienta para favorecer la autonomía, participación y calidad de vida de las personas mayores, además de prevenir situaciones de exclusión y edadismo.
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