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La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha pedido un amplio acuerdo institucional, social y político para reforzar la prevención y la respuesta frente a los fenómenos climáticos extremos, con el objetivo de garantizar una mayor protección a las personas más vulnerables ante el aumento de episodios como olas de calor, incendios forestales e inundaciones.
La organización considera que el incremento en la frecuencia e intensidad de estos eventos exige una respuesta basada en la cooperación entre administraciones, la planificación y la coordinación de los servicios públicos, alejándose de la confrontación política y priorizando la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
La PMP recuerda que los efectos del cambio climático no afectan por igual a toda la población. Las personas mayores, especialmente aquellas que viven solas, presentan situaciones de dependencia o discapacidad, padecen enfermedades crónicas o residen en zonas con menor acceso a recursos, afrontan un mayor riesgo durante este tipo de emergencias.
La plataforma destaca que los recientes incendios registrados en distintos puntos de España vuelven a poner de manifiesto la necesidad de reforzar las políticas de prevención, mejorar la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia y garantizar que los protocolos de alerta, evacuación y asistencia contemplen las necesidades específicas de los colectivos más vulnerables.
Según recuerda la organización, datos del Instituto de Salud Carlos III estiman que durante el verano de 2025 se registraron 3.832 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas en España, de los cuales cerca del 84 % correspondieron a personas mayores de 74 años. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la mortalidad relacionada con el calor entre los mayores de 65 años aumentó aproximadamente un 85 % entre los periodos 2000-2004 y 2017-2021.
Para la PMP, estas cifras evidencian que las olas de calor representan no solo un problema ambiental, sino también un importante desafío de salud pública, por lo que considera necesario reforzar las medidas de prevención, anticipación y protección dirigidas a las personas mayores, especialmente aquellas con enfermedades crónicas, dependencia o discapacidad.
La organización reclama que las estrategias de adaptación al cambio climático incorporen una perspectiva específica de edad, discapacidad y dependencia, mediante sistemas de alerta accesibles, mecanismos de seguimiento de las personas en situación de mayor vulnerabilidad y una coordinación más eficaz entre los servicios sanitarios, sociales y de emergencias.
Asimismo, considera que la respuesta frente a estos fenómenos debe contemplar aspectos como la prevención del aislamiento, la continuidad de los cuidados y el refuerzo de las redes comunitarias que permitan proteger a las personas mayores antes, durante y después de una emergencia.
La PMP también ha valorado la reciente aprobación del Protocolo de comunicación y atención a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia, impulsado por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el CESyA, al considerar que supone un avance para garantizar la accesibilidad en todas las fases de una emergencia.
Igualmente, la plataforma ha destacado la puesta en marcha de la Red de Refugios Climáticos, promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aunque considera que estos espacios deben ir más allá de ofrecer protección frente al calor y convertirse también en lugares accesibles de encuentro, participación y apoyo comunitario que ayuden a combatir la soledad no deseada entre las personas mayores.
Por último, la organización ha reclamado una atención especial para las zonas rurales y despobladas, donde la elevada presencia de población envejecida y la menor disponibilidad de recursos incrementan la vulnerabilidad ante incendios forestales y otros fenómenos climáticos extremos.
El presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, concluyó que la creciente incidencia de estos episodios exige "altura de miras y capacidad de acuerdo", defendiendo un consenso que permita reforzar la prevención y la respuesta ante emergencias climáticas, situando en el centro a las personas mayores y con discapacidad.
