La entidad considera que esta medida deja sin acceso a una innovación terapéutica ya autorizada por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).
Según CEAFA, estos fármacos, disponibles en más de medio centenar de países y también en la sanidad privada española, representan el principal avance terapéutico frente a la enfermedad en las últimas décadas. La organización sostiene que la decisión impide que los especialistas puedan ofrecer esta opción a los pacientes que cumplen los criterios clínicos.
La confederación recuerda que la negativa llega después de más de un año de trabajo conjunto con diversas sociedades científicas, entre ellas la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), la Sociedad Española de Psicogeriatría (SEPG), la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), SEMERGEN y SEMG, además de Fundación CIEN y Fundación Reina Sofía.
Estas organizaciones elaboraron el Decálogo Alzheimer: Diez Compromisos por el Recuerdo, en el que reclamaban la incorporación de las nuevas terapias al Sistema Nacional de Salud y un acceso equitativo para los pacientes, independientemente de su comunidad autónoma o del hospital de referencia.
CEAFA también pone el foco en el impacto económico del Alzheimer. Según sus datos, el cuidado de una persona con la enfermedad en fases avanzadas supone un coste medio cercano a los 30.000 euros anuales, asumido en gran medida por las familias, que soportan alrededor del 80% del impacto económico debido a la insuficiencia del sistema de dependencia.
La organización considera que retrasar el acceso a estos tratamientos no reduce el gasto sanitario, sino que desplaza los costes hacia fases más avanzadas de la enfermedad, cuando aumentan las necesidades asistenciales y la dependencia.
Tras conocerse la decisión de la CIPM, CEAFA ha anunciado que intensificará sus acciones institucionales y de incidencia política para reclamar la financiación pública de estas terapias y facilitar su incorporación al Sistema Nacional de Salud.
