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El nuevo modelo de residencias en Castilla y León reforzará el protagonismo de los usuarios y creará entornos de convivencia más seguros y confortales, tal y como ha destacado este jueves la Consejera de Familia, Isabel Blanco, tras la aprobación por el Consejo de Gobierno del Proyecto de la Ley Reguladora de los Centros de Carácter Residencial y Centros de Día de Servicios Sociales para Cuidados de Larga Duración.
El futuro texto normativo generaliza el modelo de atención centrada en la persona tanto en centros propios como externos, y establece las condiciones básicas materiales y espaciales de todas las residencias, que deberán adaptarse a las unidades de convivencia.. La norma coloca el foco de los cuidados en los usuarios, trasladándoles todo el protagonismo en cuanto a preferencias vitales y transformando todas las residencias en lugares asimilables a sus propios hogares.
Esta ley tiene como finalidad garantizar los derechos de quienes viven en los centros de carácter residencial y en los centros de día de Servicios Sociales para cuidados de larga duración, para personas en riesgo o situación de dependencia, y con discapacidad situados en Castilla y León, revisando el modelo actual para adaptarlo a los nuevos tiempos.
El texto determina su organización, funcionamiento, régimen de autorización, evaluación de calidad y principios y se aplica en todos estos centros, al margen de su titularidad y de que tengan o no ánimo de lucro, por lo que supondrá cambios significativos en la organización y funcionamiento de los cuidados residenciales.
La esencia de la ley se basa en la atención centrada en las necesidades y deseos de las personas dependientes, de forma que estos centros se conviertan en verdaderos hogares, organizados en unidades de convivencia como modelo a desarrollar.
La redacción del anteproyecto de ley es el resultado de un trabajo largo, complejo y coral. En la segunda mitad de 2020, e impulsado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades regional, se constituyó un grupo de trabajo integrado por representantes de las entidades del Tercer Sector de Acción Social, federaciones de personas mayores, grupos parlamentarios, organizaciones sindicales y patronales, colegios profesionales y entidades locales con el objetivo de analizar la situación de las residencias y alcanzar acuerdos de manera consensuada. En este sentido, el proyecto de ley que hoy ha aprobado la Junta de Castilla y León incorpora las aportaciones que han realizado tanto el Consejo Consultivo, como el Consejo Económico y Social de Castilla y León.
En estos encuentros intervinieron expertos de cada ámbito para poner sobre la mesa cuestiones elementales como el fundamento ético de la atención integral centrada en la persona, que los centros son la vivienda de las personas y no son centros sanitarios la perspectiva laboral o de las empresas prestadoras de servicios, los diferentes modelos asistenciales o la arquitectura necesaria para los centros.
Esta ley afectará a las más de 72.000 plazas –en concreto, 72.634– que existen en Castilla y León en los centros residenciales y de atención diurna para la atención a mayores y personas con discapacidad.
En concreto, existen por un lado 54.600 plazas para la atención a personas mayores (48.791 plazas residenciales y 5.809 plazas en centros de día), distribuidas por 1.144 centros. De estas plazas, 37.053 se financian públicamente –entre públicas, concertadas y financiadas a través de las prestaciones de dependencia–. Ello sitúa a Castilla y León como la comunidad con la mayor cobertura de España tanto en número de plazas totales en residencias, como en número de plazas residenciales financiadas públicamente, con 7,84 %, muy por encima de la media nacional (4,19 %).
En cuanto a personas con discapacidad, el Sistema Social de Castilla y León cuenta con 18.034 plazas para su atención (5.164 residencias, 2.232 viviendas y 10.638 centros de día), distribuidas por 825 centros.
Para desarrollar la atención centrada en la persona, el texto regula el modelo de atención integral, con un fuerte componente ético y de reconocimiento de la dignidad de la persona, que supere la rigurosidad de la atención puramente asistencial. La ley coloca a la persona en el lugar preferencial y recoge todo un catálogo de derechos que protegen su autonomía: proyecto de vida, decisiones manifestadas previamente por escrito, a mantener su idiosincrasia e identidad cuando el grado de autonomía empeore o a un trato personalizado, afectuoso, digno y con respeto a intimidad y creencias, entre otros.
El proceso de adaptación de todos los centros de día y residenciales, tanto públicos como privados, a este modelo de atención centrado en la persona implica la salvaguarda general del derecho a ser asistidos sin ningún tipo de restricción, tales como las sujeciones físicas o algunos tratamientos farmacológicos. En este sentido, la ley promueve y regula una atención libre de restricciones, salvo las excepciones y con los requisitos recogidos en la nueva Ley –por ejemplo, casos puntuales en los que peligre la integridad tanto del usuario como de cuidadores o terceros y se hayan descartado las demás alternativas, no puedan llevarse a cabo de manera extraordinaria y previo consentimiento de la persona o de un familiar–.
La ley establece también un Proyecto de Vida documentado para que la persona pueda desarrollar el mismo de acuerdo con sus valores, gustos y preferencias, respetando y apoyando sus decisiones y con un nuevo enfoque a los objetivos y cometidos de los profesionales de estos centros. El proyecto de ley ubica a las familias y allegados en un lugar central: en toda prestación de servicios se tendrá en cuenta el entorno afectivo ya que, al fin y al cabo, son esenciales en esa vertiente cotidiana.
Por otra parte, las personas estarán atendidas por profesionales coordinados, asignando un profesional de referencia a todos los residentes –con quien establecerán una relación de confianza y se convertirá en el responsable del acompañamiento y de la atención directa– y un gestor de caso para la coordinación entre los residentes, la familia, el profesional de referencia y el resto de profesionales.
La futura ley aborda las características básicas espaciales y materiales que deben reunir todos los centros, orientadas a una configuración basada en unidades de convivencia. De este modo, los usuarios conviven en entornos más pequeños −de hasta 16 personas− y en unas instalaciones que emulan su propio hogar, para garantizar, de manera combinada, la autonomía, la seguridad, la confortabilidad y la calidad en la atención. En concreto, el proyecto de ley organiza los centros en tres áreas definidas: la zona de unidades de convivencia, la de espacios comunes y la de servicios generales.
Ahora, por primera vez, se recogen en una norma de rango legal y se impulsan en las residencias de ámbito privado. De este modo, la futura norma trata de superar el antiguo modelo residencial transformándolo en espacios asimilados al propio hogar de los mayores: espacios con dormitorio, ducha particular accesible, cocina o sala de estar. Además, se regulan las viviendas asistidas, que no podrán pasar de 8 plazas en términos generales o de 4 en el caso de que se trate de personas con discapacidad por enfermedad mental.
El desarrollo de esta ley también supone una apuesta por la innovación y la calidad a través de la evaluación continua de la calidad de los servicios residenciales, del desarrollo de estándares de calidad, la elaboración de directrices, guías y manuales de buenas prácticas, promoviendo actividades de formación especializada y la sensibilización social, en especial, la formación de los profesionales, por lo que la nueva Ley dispone que todos los centros tendrán que elaborar un plan anual de formación. Los centros deberán someterse periódicamente a una evaluación de calidad como garantía del cumplimiento por parte de todos los agentes que intervienen en el proceso de la obligación de prestar servicios de calidad que protejan los derechos de las personas usuarias.
Hay aspectos de la ley que están sujetos a la posterior normativa de desarrollo, como es el caso del número de profesionales que deben trabajar en los centros residenciales o de día –que se aprueba en los consejos territoriales–, si bien sí se establece la formación requerida para formar parte de las plantillas: los títulos de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia o Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, además de los correspondientes certificados de profesionalidad que convaliden la prestación previa de servicios.
